Actualidad Local

Se concretó un nuevo encuentro entre el Gobierno provincial y los representantes gremiales. Las partes volverán a reunirse el jueves 24.  En el marco del diálogo abierto y permanente que impulsa el Gobierno, se concretó una nueva mesa de negociación con gremios estatales. El encuentro le dio continuidad a las conversaciones iniciadas para analizar la propuesta salarial del 9% presentada por la Provincia para el segundo semestre del año. Los representantes gremiales presentaron los pedidos sectoriales, los que serán analizados por el Ejecutivo.

Participaron en el encuentro, referentes de diversos sectores gremiales. Por parte del Gobierno provincial, encabezaron la reunión el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el coordinador Administrativo, Nicolás Demitrópulos; y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur. También estuvieron presentes los titulares de las áreas de Educación, Cristina Fiore, y de Salud Pública, Federico Mangione, junto a otros funcionarios provinciales.

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La ministra Cristina Fiore comunicó a los referentes gremiales, que la próxima semana se depositará a los docentes que corresponda, los fondos del mes adeudado por Nación de la Hora Más

El anuncio dado en Montevideo tras 25 años de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) podría finalmente dar pie al esperado tratado de libre comercio. Mucha agua ha pasado bajo los puentes, con cambios políticos, económicos, pandemia de covid-19, presiones y concesiones de por medio.

El mundo y el acuerdo también sufrieron modificaciones. De ser netamente un tratado para liberalizar el comercio, pasó a incluir una serie de otros aspectos acorde con el avance de los tiempos, como por ejemplo en los campos laborales y medioambientales.

Más que llegar a un acuerdo propiamente tal en Montevideo, se trata del cierre de las negociaciones entre la Comisión Europea y los cuatro Estados miembro del Mercosur, como ocurrió en 2019. Entonces también se habló de un anuncio histórico. Sin embargo, finalmente no se avanzó hacia concretar el tratado. Todavía es pronto para decir qué ocurrirá en esta oportunidad, sobre todo considerando la oposición de Francia.

"Desde una perspectiva estratégica, geopolítica y económica, es una señal positiva de ambos lados de fomentar el comercio libre entre las dos regiones. Es también una señal hacia Donald Trump, quien ha amenazado con aumentar los aranceles", dice a DW Detlef Nolte, investigador del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo.

El experto alemán observa que es bastante simbólico que el preacuerdo de 2019 fue precisamente en la anterior administración de Trump. "Esta es también una señal del interés de la UE en América Latina. Además, muchos países europeos están en una situación económica complicada y desde esta perspectiva le conviene a Europa facilitar el comercio con los países del Mercosur", añade.   La gran duda es si el presidente francés Emmanuel Macron logrará sumar aliados para bloquear el avance. Una vez afinada la propuesta y revisada legalmente, debe ser traducida a los idiomas de los países de la UE. Luego debería ser sometida a votación por el Consejo y el Parlamento Europeo, donde requiere un quorum determinado.

Lo que se ha planteado es un acuerdo mixto, con la estrategia del "split", de manera que la parte comercial, que negocia la comisión, sea votada por separado de la política. El camino no será fácil. Para el politólogo uruguayo Andrés Malamud, las noticias desde Montevideo son "una señal de optimismo y una presión hacia Francia".  El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa dice a DW que hay dos elementos que son más positivos que en 2019: "Tiene más camino avanzado porque hay una revisión previa hecha y contempla cláusulas ambientales. La desventaja es que en el primer acuerdo Macron festejaba y en este se opone".  (...)

DW

Desde el oficialismo local reconocen el abandono de las rutas nacionales y la imposibilidad de sostener una red vial eficiente sin inversión pública. Los gremios denuncian el vaciamiento del Estado y el avance del modelo privatizador. 

 Este martes 8 de julio, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 461/2025 la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un organismo fundado en 1932 que se encargaba del mantenimiento y fiscalización de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida, que afecta a más de 5.000 trabajadores en todo el país -189 en el caso del Distrito 5, Salta-, forma parte del plan de reestructuración del sistema de transporte impulsado por el Ejecutivo nacional. La reacción en Salta no se hizo esperar: gremios en alerta, funcionarios provinciales que expresaron su preocupación, senadores opositores en estado de denuncia permanente y trabajadores con el corazón en la boca ante la amenaza inminente de despidos.

El desmantelamiento de Vialidad Nacional es mucho más que una reestructuración administrativa, puesto que se trata de una de las avanzadas más duras -hasta ahora- del Gobierno nacional sobre la infraestructura estatal. El organismo no solo cumplía una función esencial en la planificación, mantenimiento y fiscalización de rutas nacionales, sino que también encarnaba una red de trabajo federal que sostenía, con mayor o menor eficacia, la conectividad territorial del país. Su eliminación, mediante el decreto firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un antes y un después en la historia del Estado argentino.

En Salta, donde la red vial ya venía mostrando un deterioro alarmante, la noticia cayó como un balde de agua fría. El Distrito 5 de Vialidad Nacional representa un componente fundamental para mantener operativas las rutas que conectan centros urbanos con zonas productivas, comunidades rurales y pasos internacionales.

"Vamos a quedar aislados" Con las nuevas decisiones, la realidad de las rutas salteñas se torna mucho más crítica. Lo reconocen incluso desde el oficialismo provincial. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, señaló en una entrevista con Radio Nacional Salta que las rutas son fundamentales para el desarrollo y para la vida de la gente. "Hoy nuestras rutas troncales nacionales son un peligro. La ruta 34, la 9, la 51, la 68: todas están en mal estado. La falta de infraestructura también mata”, expresó.

De los Ríos sostuvo que "con Vialidad funcionando, nuestras rutas ya eran de la muerte", por lo que "si ahora la eliminan, no se ve cómo va a mejorar". También aseguró que el sistema de peajes no va a funcionar en Salta: "la tasa de tránsito no da para amortizar la inversión. Vamos a quedar aislados”.

El senador nacional Sergio “Oso” Leavy lleva meses denunciando el deterioro de la infraestructura vial. En su intervención del 7 de mayo en el Senado, presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Milei. Allí dijo que presentó al menos 15 intimaciones al Presidente por el abandono de las rutas nacionales. "La ruta 51, clave para el Corredor Bioceánico y la minería, se rompió con las lluvias y nadie la reparó. La ruta 9/34, que tiene peaje, es un desastre. Las empresas concesionarias no invierten. El mercado no lo soluciona. Cuando el Estado se borra, lo que queda es la tragedia”, sostuvo.

Leavy también criticó el recorte presupuestario en Vialidad y detalló que en 2024 se presupuestaron 609 mil millones de pesos, pero solo se ejecutaron 332 mil. "¿Dónde están los 300 mil millones que faltan? No se usan para las rutas. El 60% de las rutas nacionales están en estado crítico”, denunció.

Tras conocerse la disolución, el exgobernador Juan Manuel Urtubey afirmó que el vaciamiento del Estado tiene nombre y apellido: “No están recortando el Estado, están recortando la Argentina", expresó. Y recordó que "millones de familias del interior necesitan rutas en buen estado para viajar seguras, transportar mercadería, llegar a centros de salud. Una vez más, el Gobierno Nacional usa la motosierra contra los argentinos”.

La medida forma parte de un paquete más amplio de “reorganización” que incluye la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Junta de Seguridad en el Transporte y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. En su lugar, se creará una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.

Página12