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Un show para sacar a la vicepresidenta de la escena política. Con pruebas falsas, testigos que desmintieron las acusaciones y un proceso lleno de irregularidades, la fiscalía no tuvo pruritos en calificar a la causa de la obra pública en Santa Cruz como "la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país" y acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de una asociación ilícita. Pidieron que todos los imputados sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Rechazaron el pedido de la vicepresidenta para ampliar su indagatoria.
Tras nueve jornadas de alegatos en los que los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani debieron soportar que sus testigos desmintieran las acusaciones y en medio de un escandaloso show plagado de irregularidades, en una maniobra que no despertó sorpresas solicitaron la pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner.
El fiscal Diego Luciani también pidió que la vicepresidenta y el resto de los exfuncionarios imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz sean inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos. (...)
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La jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, denunció que fue apartada “por dos letrados de aceitados contactos políticos” de una causa por narcotráfico en la que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales. Así, apuntó contra el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, aseguró Arroyo Salgado durante una entrevista con José del Río en La Nación + como ejemplo de que “la justicia está muy politizada”.
Y explicó que en su apartamiento de la causa estuvieron involucrados “dos letrados de aceitados contactos políticos”. “Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, señaló en alusión a Marcelo D’Angelo, ex asesor de Ritondo cuando este fue ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019. “Y el otro de los letrados fue el asesor de Monzó”, agregó la jueza federal y vinculó también al diputado nacional del PRO Emilio Monzó.
“Yo fui apartada de esa investigación”, concluyó sobre esa causa la jueza federal pero agregó: “A los seis meses, soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía tres años, cambian de abogado”. “También por parte de otro asesor de Ritondo, el doctor Marcelo Rocchetti me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”, afirmó Arroyo Salgado.
La jueza mencionó así a dos hombres de confianza de Ritondo, D’Angelo y Rochetti que fue jefe de Gabinete del exministro durante su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. También fue abogado de policías y del barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en una causa por homicidio cuando el presidente de ese club era Daniel Angelici. Especialmente con Rochetti, Arroyo Salgado tiene una interna que incluye insultos personales.
De esta forma, el ahora jefe de diputados del bloque del PRO obtiene una segunda acusación en menos de una semana. Elisa Carrió ya había apuntado contra Ritondo por ser uno de los dirigentes que está fuera de las “conductas éticas” que la líder de la Coalición Cívica quiere para Juntos por el Cambio.
Frente a esto el periodista Carlos Pagni advirtió sobre el rol del legislador del PRO. “Hay que recordar que Ritondo forma parte de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia” apuntó el periodista y cuestionó: “No sabemos si para investigar o para cubrir”. Política Argentina
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Control de Gendarmería en Pampa Blanca, límite de Jujuy y Salta, decomisaron 29 kilos de hojas de coca y 8.220 atados de cigarrillos de origen extranjero. Lo secuestrado se encontraba oculto en cuatro encomiendas de pasajeros provenientes de la ciudad de Orán. La mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” posee un avalúo estimado en 1.864.000 pesos.
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El juez en lo penal económico Alejandro Catania retomará esta semana la agenda de declaraciones testimoniales en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de municiones desde la Argentina a Bolivia en noviembre de 2019, durante los días en los que se concretó el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.
Las declaraciones testimoniales de miembros de distintas áreas de la Gendarmería Nacional serán retomadas el jueves próximo a partir de las 9 y se extenderían, al menos, hasta fin de mes, según surge de la resolución a través de la cual el juez Catania dispuso las convocatorias.
Las citaciones fueron enviadas a personal del Destacamento Móvil 6 y de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir todo el camino que atravesaron las municiones hasta que salieron del país, con el supuesto objetivo de utilizarse para proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador en ese país.
En este expediente se investiga la supuesta desviación en el destino de las balas anti tumulto y de los gases lacrimógenos: habrían ido a parar a manos de las fuerzas represivas bolivianas que por aquellos días, inmediatamente posteriores al golpe de Estado, reprimieron distintas manifestaciones sociales. (...)
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, adónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones. Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente; el entonces embajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio (JxC) Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
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El servicio del ferrocarril Roca se encuentra paralizado este lunes como una medida de fuerza gremial dispuesta por La Fraternidad, tras la agresión a un maquinista que fue atacado el domingo luego de que la formación que conducía arrollara a un niño a la altura de la localidad de Bosques.
La protesta del sindicato de condutores de trenes, La Fraternidad, afecta a los servicios urbanos y de larga distancia, según informó Trenes Argentinos. El paro se dispuso desde la medianoche de este lunes luego de que vecinos agredieran a golpes y piedrazos a un maquinista que conducía la formación que arrolló a dos menores de edad, entre ellos un nene de 4 años que falleció.
El accidente ocurrió el domingo cerca de las 14 en Bosques, en el partido de Florencio Varela. "El niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no pudo reaccionar", según aseguraron fuentes de la empresa ferroviaria.
"Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos", agregaron. El conductor del tren fue auxiliado por personal policial que llegó al lugar para asistir a la madre del niño fallecido.
Frente a lo que el gremio La Fraternidad anunció un paro de 24 horas, a partir de la cero hora del lunes, en reclamo de "medidas de seguridad y en protesta por las agresiones que recibió el maquinista".
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