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El Frente Cívico por Santiago ganó este domingo en 25 de los 26 municipios de Santiago del Estero, donde se elegían intendentes y concejales. La fuerza del actual gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, se impuso en casi todas las comunas, menos en la ciudad de La Banda donde ganó el Frente Renovador y Progresista.
“Felicitaciones a toda la ciudadanía que se expresó nuevamente en las urnas en paz y con respeto en las ciudades que hoy realizaron elecciones municipales en nuestra provincia! Felicitaciones a quienes resultaron electos para gobernar sus municipios por los próximos 4 años!”, celebró Zamora en la noche de ayer a través de Twitter tras conocer los resultados.
En la capital, la actual intendenta Norma Fuentes logró su reelección con el 45,40% de votos, una amplia ventaja al segundo lugar donde la candidata de Juntos por Cambio, Natalia Neme, obtuvo el 28,26% de los votos. Mientras que en tercer lugar quedó Fernando Giménez, el candidato del Frente Renovador con el 8,45% de los votos.
En la ciudad de La Banda -la segunda en importancia de la provincia- el actual intendente massista Roger Nediani, del Frente Renovador y Progresista, triunfó para su reelección con 36,68% de los votos, quedando como segunda fuerza el candidato del Frente Cívico por Santiago, Llamil Abdala, con el 31,68% de votos y muy abajo como tercera fuerza el Frente Patriótico Viable con el 18.33% de los votos.
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El titular a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, Agustín Chit, solicitó la elevación a juicio del gerente del ingenio “La Corona” por contaminación ambiental. Jorge Alberto Larry está acusado de verter al cauce del río Gastona efluentes industriales considerados residuos peligrosos para la salud y el medioambiente, por encima de los máximos permitidos por ley. También fue señalada como responsable Alicia Inés Petit, presidenta de Distribuidora Tucumana de Azúcares, la sociedad que explotaba el predio.
La investigación comenzó con una presentación realizada por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, donde adjuntó una noticia del diario digital “Contexto” que indicaba que camiones pertenecientes al Ingenio La Corona estarían arrojando litros de vinaza al cauce del Río Medinas a la altura de la localidad de Monteagudo, desembocando dicho afluente en el Río Chico con desembocadura en el embalse Río Hondo, en Santiago del Estero, cuyas aguas posteriormente derivan en el Río Dulce de aquella provincia.
Esta presentación llevó a la apertura de una investigación que fue delegada en la fiscalía federal, entonces a cargo de Pablo Camuña, a partir de lo cual se realizaron medidas tendientes a confirmar los extremos de la denuncia. Así, se realizó un informe técnico efectuado por División de Delitos Federales y Tributarios de la Policía Federal Argentina, del que se desprende por testimonios receptados de los vecinos de la zona el constante vuelco de vinaza u otros desechos tóxicos por parte de los ingenios azucareros La Trinidad y Corona. En el informe se recabaron declaraciones de vecinos que señalaron afecciones en la piel, laceraciones y erupciones producto del contacto con los efluentes industriales.
Mediante una inspección ocular se pudo comprobar que el ingenio La Corona cuenta con cuatro salidas de agua que cruzan la calle bajo tierra y desembocan en una acequia externa paralela al predio. Más adelante se pudo determinar y localizar la ubicación de las corrientes de aguas aparentemente contaminadas que fluían del interior del ingenio por medio de cañerías y piletones hacia cursos de agua de ríos cercanos como el Río Gastona, Medina y Chirimayo que desembocan en la Cuenca Salí Dulce. en Santiago del Estero. Además, en esos afluentes se observaron distintas coloraciones como también olores nauseabundos.
En relación con el Ingenio La Trinidad, se observó que de sus desagües fluían aguas que por su densidad y color podrían estar contaminadas circulando por medio de cañerías o tuberías subterráneas que arrojaban los efluentes en horario de la tarde. Por este motivo, se solicitó allanar ambos predios, junto con el registro, allanamiento y toma de muestras en ambos lugares. ----- El 31 de octubre de 2017, el personal policial se presentó en la Distribuidora Tucumana De Azúcares, la firma encargada de explotar el ingenio La Corona, para tomar muestras de los efluentes para establecer si en dichas muestras había valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y sólidos sedimentables, en exceso a los límites permitidos por ley. El informe concluyó que: los valores de los parámetros de cromo, cinc y cobre en los puntos de muestreo excedían los valores establecidos por el Decreto Nº 831/93 de la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.
Las muestras también superaron ampliamente los índices de Demanda Química de Oxígeno permitidos por la Resolución 1265/2003 de la provincia de Tucumán. Al expediente se agregaron además las constancias de Convenio y Planes de Reconversión Industrial celebrados por la remitidas por la Dirección de Ambiente de la Provincia y Distribuidora Tucumana de Azúcares, donde se estableció entre otras cosas, la prohibición de volcar vinaza a cauces de río o eliminar corrientes de agua provenientes del ingenio del canal de desagüe. Esa dirección remitió cuatro resoluciones de imposición de multas a la firma por infracciones.
Por estos motivos, Chit señaló a Alicia Petit, en su carácter de presidenta de la sociedad Distribuidora Tucumana de Azúcares, y a Jorge Alberto Larry, en su carácter de gerente de planta del ingenio La Corona a la fecha de los hechos investigados, de haber realizado vuelcos al lecho del río Gastona de afluentes industriales con residuos peligrosos para la salud y el medioambiente y que estaban por encima de los máximos permitidos por ley.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las pericias practicadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del MPF Salta e informes técnicos de la División de Delitos Federales y Tributarios de la Policía Federal Argentina arribaron a la conclusión de que los efluentes industriales no permitidos contaminaron los cursos de agua del río Gastona adonde fueron vertidos, y generaron un daño interjurisdiccional ya que el curso de agua desemboca finalmente en aguas de la provincia de Santiago del Estero, produciendo así un peligro concreto y grave a la salud pública y al ambiente.
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Ante las malas condiciones meteorológicas y fuertes nevadas en la cordillera de Los Andes, unos 2800 camiones permanecen varados para cruzar a Chile por El Paso Cristo Redentor mientras se implementó un operativo de seguridad para evitar que los turistas queden atrapados en la nieve tal como ocurrió el fin de semana pasado.
"Esta nevando muy fuerte en zona del cruce a Chile por Libertadores. Hay mucho viento blanco y temperaturas de hasta 11 grados bajo cero en Las Cuevas (en el limite), mientras se esperan más nevadas para las próximas horas", advirtió hoy Osvaldo Valle desde Gendarmería nacional.
El Paso Cristo Redentor permanece cerrado desde hace una semana y para realizar turismo interno estaba permitido circular hasta Polvaredas, localidad situada en el departamento Las Heras, a unos 47 kilómetros del Túnel Internacional Cristo Redentor y recién a las 14.30 se permitió pasar hasta Puente del Inca "con precaución".
El jefe del Centro de Fronteras y Coordinador del Paso Internacional, Justo José Bascolo, informó que permanecerá cerrado el Sistema Integrado Cristo Redentor.Según pronósticos, este cuadro terminará el sábado por la madrugada y recién a partir del lunes próximo podría volver la normalidad en el Paso internacional, tras siete días de bloqueo por nieve, lo que ocasionó que unos 2800 camiones varados esperen para cruzar a Chile.
Fabián Tello, el secretario general de la Municipalidad de Las Heras, indicó que se preparó el centro cultural de Uspallata para resolver lo que faltó durante el operativo del fin de semana pasado, cuando unas 400 personas y cien vehículos quedaron varados en medio de la montaña sin agua y sin comida por casi 24 horas, sin tener que lamentar víctimas.
"Esperamos que ingrese otro frente y unificamos criterios. Se decidió que Gendarmería será la encargada de definir hasta cuándo se puede subir a Alta Montaña", indicó el funcionario.
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Demostraron que la Policía de esa provincia se infiltra en el seno de esas agrupaciones para obtener información y luego armar causas judiciales y criminalizar la protesta.
Organizaciones sociales que integran la UTEP, la CTA, el FITU, la Coordinadora de Organizaciones Populares, la UTEP Tosko, la Unidad Piquetera, la FNT y la CTA de Trabajadores y Autónoma denunciaron este lunes la persecución ilegal que practica el gobierno del radical Gerardo Morales en Jujuy. A su vez anunciaron una marcha provincial para este martes en la que exigirán el “cierre de todas las causas” y la “derogación del Código Contravencional” al tiempo que dejarán en claro que “las organizaciones sociales no son asociaciones ilícitas”.
El viernes pasado, se conoció la causa judicial en la que queda demostrado que desde principios de abril la Policía de esa provincia se infiltra en el seno de esas organizaciones para obtener información con la cual luego armar causas judiciales y criminalizar la protesta. Al respecto, el diputado nacional Alejandro Vilca (PTS-FIT) expresó: “Se conoció públicamente hoy que el Poder Judicial ordenó a las fuerzas de seguridad infiltrarse en movilizaciones e identificar a referentes de organizaciones sociales y políticas, incluyendo a nuestro partido, el PTS.
Por su parte, Myriam Bregman (PTS-FIT) denunció que “es muy grave que acusen a organizaciones sociales como asociaciones ilícitas. Nosotros ya habíamos sufrido el accionar ilegal de la inteligencia durante el gobierno de (Mauricio) Macri, como cuando fuimos a Esquel a solidarizarnos con la familia de Santiago Maldonado a pocos días de haber desaparecido”.
“Esa misma causa, junto a la del ARA San Juan, la semana pasada terminaron cerrándolas los jueces de Comodoro Py. Esta impunidad es la que permite que Morales continúe actuando de esta forma en Jujuy. El partido judicial actúa dando impunidad a los poderosos y espiando a las organizaciones sociales. Es una coordinación nacional que va más allá de los jueces macristas”, enfatizó la legisladora porteña. TiempoArgentino
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La causa tiene 13 imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al declarar negó su responsabilidad en el caso y sostuvo que "fue un plan ideado por el gobierno saliente" de Mauricio Macri y "forma parte del lawfare".
La Unidad de Información Financiera (UIF) anticipó que pedirá la absolución de todos los acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, al argumentar que no hay "certeza suficiente" para afirmar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita. "Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación", sostuvo en el alegato el abogado de la UIF Leandro Ventura, con lo cual descartó que corresponda encuadrar a los investigados bajo los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El alegato del representante de la UIF fue seguido por la Vicepresidenta y el resto de los acusados a través de la plataforma Zoom. En el caso de la titular del Senado y exmandataria entre 2007 y 2015, el organismo consideró que su intervención en los hechos investigados se desarrolló "en el marco de facultades que le eran propias, en el marco de la Constitución Nacional y las leyes".
"No es posible atribuir responsabilidad penal por una acción conforme a Derecho", agregó casi al finalizar el alegato, que se extendió por casi tres horas, el también abogado de la UIF Alejandro Irachet.
Al extender esta interpretación a la situación de todos los exfuncionarios nacionales juzgados, la querella evaluó que queda "frente a una cuestión política, cuyo acierto o desacierto se encuentra excluido de control jurisdiccional".
La UIF subrayó que "no se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas", y apuntó en particular contra una cuestionada pericia contable realizada sobre las obras públicas de Santa Cruz, a la que reclamó "descartar" por sus "inconsistencias y falta de acuerdo entre peritos", precisó.
Los abogados del organismo iniciaron su exposición ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 con el planteo de que la UIF debió haber desistido de su rol acusador en esta causa durante la administración anterior, en 2017, porque en ella no se investiga "lavado de activos".
La UIF aludió a un "estado de duda insuperable" en relación a los presuntos sobreprecios, por lo que reclamó la "absolución de todos los acusados respecto al tipo penal de administración fraudulenta". Al no poder "acreditarse la existencia de un fraude", la querella descartó también el otro delito que se ventila en el juicio, la figura penal de asociación ilícita.
"Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal", puntualizó el organismo en referencia a esa acusación. La UIF solicitó descartar como prueba una pericia considerada "clave" sobre las obras cuestionadas, a la que le atribuyó "inconsistencias y falta de claridad".
La querella sólo pidió una pena de un año de prisión en suspenso para seis exfuncionarios de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional y de Vialidad de esa provincia por presunto incumplimiento de deberes al omitir controlar irregularidades en contratos adjudicados a empresas de Lázaro Báez.
Sin embargo, recomendó evaluar si el delito se encuentra prescripto por el paso del tiempo al concluir el alegato en cumplimiento a la "instrucción del presidente" de la UIF. En cuanto a Báez, propietario de Austral Construcciones, el organismo también pidió la absolución por todos los delitos en base a los cuales llegó a juicio.
Tras la exposición final de la UIF, cuyo alegato tenía asignado una duración de tres jornadas pero ya concluyó, el juicio se reanudará el 1º de agosto próximo con el alegato del fiscal de juicio Diego Luciani, que se extenderá por nueve audiencias. La Vicepresidenta se conectó de manera remota al Zoom, al igual que el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López. Desde la sede de Comodoro Py 2002, el juez Jorge Gorini del TOF 2 dio por abierta la primera audiencia de alegatos a las 9.30, tras comprobar que los 13 acusados estaban conectados con cámaras prendidas al juicio, que, a raíz de la pandemia, se realiza de manera virtual desde agosto de 2020.
El Tribunal está integrado por los jueces Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En el juicio se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la Vicepresidenta, Báez, De Vido y José López, otro de los acusados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta es el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala. Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
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