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Miles de turistas llegaron a la localidad correntina de Paso de Patria para participar de la 57° Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, que se inicia con alojamiento colmado en la villa turística, donde se confirmó la participación de más de 500 competidores en el tradicional torneo de pesca con devolución.
El intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, confirmó a Télam que la ocupación hotelera estaba al 100 por ciento y destacó que “habrá un excelente clima, a pleno sol para disfrutar del evento deportivo, las playas y también de la exposición, actividades recreativas y los espectáculos”.
La fiesta en la localidad ubicada a la vera del río Paraná, se extenderá con multiplicidad de actividades hasta el domingo 14 y regresa con gran impulso tras dos años de interrupción por la pandemia de Covid-19.
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El fiscal general Carlos Gonella solicitó ayer la imposición de 12 años de prisión para un hombre acusado de forzar a su pareja a prostituirse para quedarse él con el dinero de esa actividad. Además, pidió el decomiso de un vehículo con el objetivo de que sea destinado a reparar el daño causado a la víctima.
Ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, integrado de manera unipersonal por la jueza María Noel Costa, el fiscal requirió también una multa de 90 mil pesos y que se obligue al hombre a llevar adelante un curso integral sobre violencia contra las mujeres.
Gonella consideró que Juan José Sanchéz era responsable por el delito previsto en el artículo 145 bis del Código Penal, que reprime a la persona que ofrezca, capte, traslade, reciba o acoja a otra con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. En este caso, el representante del MPF consideró que la situación se agrava por la vulnerabilidad de la víctima (prevista en el inciso 6 del artículo 145 ter), por la convivencia que mantenían y por haberse consumado la explotación.
La acusación - En su alegato, el fiscal Gonella sostuvo que el acusado mantuvo una relación sentimental y de convivencia con la víctima hasta diciembre de 2020. Explicó que, en ese contexto, la captó y luego la acogió con el objetivo de explotarla sexualmente, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, ya que la mujer atravesaba una situación económica extrema y era consumidora de estupefacientes. Resaltó que Sánchez se quedaba con el dinero que obtenía la víctima.
Para la fiscalía, quedó acreditado más allá de toda duda razonable que en el caso contó con todos los eslabones del delito de trata: captación, acogimiento, transporte y explotación. Puso de relieve también que se evidenciaron “todas las formas posibles e inimaginables de violencia de género”; física, psicológica, emocional, económica y simbólica. Puntualizó que el hombre la golpeó, le gritó, la abusó, la humilló tanto en público como en privado y hasta le retuvo su DNI bajo la excusa de que lo perdería, como forma de controlarla.
El representante del MPF hizo foco en el relato que dio la damnificada, en su historia de vida y también en cómo los profesionales que la atendieron evaluaron su relato. Recordó allí que Sánchez conoció a la mujer en Buenos Aires y comenzó a tejer una estrategia de seducción amorosa con el objetivo de ejercer un dominio sobre ella. ------ En otro tramo de su alegato, remarcó que la supuesta venta ambulante a la que se dedicaba el hombre era en realidad una pantalla para tapar que se ocupaba de explotar económicamente la prostitución de mujeres, entre ellas, su pareja. -
Al momento de analizar la conducta de Sánchez y la pena que pediría contra él, la fiscalía evidenció el contexto de violencia de género que la mujer sufrió durante aproximadamente 17 años, que incluyeron no solo lo físico sino también las humillaciones constantes y las lesiones. Marcó, además, que la víctima quedó con secuelas severas y que el hombre no mostró arrepentimiento ni remordimiento.
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Gremios estatales y organizaciones sociales ocuparon masivamente este miércoles el centro de la capital mendocina con variados reclamos salariales, en el marco del tercer día de paro, convocados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), ATE, la CGT y otros sindicatos.
A las movilizaciones sindicales, que se fueron concentrando desde temprano en diferentes puntos de la ciudad de Mendoza, se sumaron columnas de organizaciones piqueteras referenciadas en el Polo Obrero y, así, los manifestantes confluyeron frente a la Casa de Gobierno provincial.
"Hoy tenemos un 82% de adhesión al paro en las escuelas mendocinas", declaró Carina Sedano, secretaria general del SUTE, quien celebró también el "acompañamiento de la CGT y la CTA" en el reclamo de que se reabran las negociaciones paritarias.
En tanto, el Gobierno de Mendoza refutó la posición de los gremios docentes y aseguró que el presentismo de los maestros en las escuelas es de alrededor del 66%, una estimación que discrepó también con lo manifestado por Sadop (docentes privados) en cuanto a que hubo un 90% de adhesión al paro.
De acuerdo con la información obtenida a través del sistema Gestión Educativa Mendoza (GEM) -con datos tomados a las 9.30 de esta mañana-, el presentismo docente "es de 65,93% en los establecimientos educativos". La carga realizada en el GEM es realizada por los directivos de las escuelas de la provincia.
El Gobierno de Mendoza convocó a las familias a enviar a sus hijos a las escuelas y reafirmó que está garantizado el servicio educativo. Por otra parte, desde el Ministerio de Salud indicaron que la asistencia de los efectores alcanza al 95% en toda la provincia.
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Organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales marcharon este miércoles en Jujuy contra la criminalización de la protesta social, que adjudican al Gobierno de Gerardo Morales, y en demanda del cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes.
Además, las organizaciones encuadraron su protesta en las demandas contra el "ajuste" planteadas a nivel nacional por Unidad Piquetera, que tuvo como epicentro una movilización a Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.
En Jujuy, en tanto, la actividad tiene como principal foco la "criminalización de la protesta social", luego de que el Ministerio Público de la Acusación inició de oficio una causa por extorsión contra las agrupaciones populares con allanamientos en los domicilios de varios dirigentes y sedes de las entidades.
“Tienen la pretensión de quebrar al movimiento obrero y al de los desocupados sobre la base de la represión y la criminalización que lleva adelante la dictadura de (gobernador Gerardo) Morales”, expresó el dirigente del Partido Obrero y Frente de Izquierda Claudio del Plá, quien participó de la protesta por calles céntricas.
La marcha comenzó su recorrido por inmediaciones del estadio del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy y culminó en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, donde se realizó un acto.
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La justicia Contencioso Administrativo Federal rechazo dos medidas cautelares que intentó la conductora televisiva Susana Gimenez para no pagar una alicuota diferencial de la Ley de Bienes Personales. Además rechazó frenar el proceso penal contra la diva que inició la AFIP por no pagar impuestos.
La causa se inició cuando la Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP) intentó el cobro del impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2019. La entidad recaudadora inició un procedimiento determinativo de oficio y ante la conducta de la conductora, tanto la División de Fiscalización como la División Jurídica de la AFIP, consideraron que "encuadraría en la figura del delito de evasión tributaria" y fueron a la justicia.
Es que el Fisco Nacional estipuló el total del patrimonio de la conductora solicitando el monto a ingresar en concepto de Bienes Personales. Ese informe detalla, por ejemplo, que la mayor parte del patrimonio estaba compuesto por participaciones societarias constituidas en la República de Singapur. Al no pagar, el ente fue a la Justicia porque ante una posible omisión de la presentación de la Declaración Jurada "se avizoraría la existencia de la voluntad de producir una ocultación maliciosa".
Es decir, se le inició una causa penal por posible evasión tributaria. Ante esto la defensa de Susana Giménez se presentó solicitando una medida cautelar para que no se le aplique una alícuota diferencial sobre los bienes personales para el período fiscal 2019. El argumento de la defensa era que la aplicación de tales alícuotas llevarían a la “aniquilación de las rentas generadas por los bienes gravados por el impuesto”.
También se presentó otra medida cautelar pidiendo que se suspenda el proceso penal que se lleva adelante por presunta evasión fiscal. Aquí los argumentos de la conductora eran que la denuncia penal tenía por objetivo "mancillar su imagen pública y su utilización para amedrentarla, generando en la opinión pública la falsa idea que ocultó su patrimonio para no pagar su obligación fiscal".
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa rechazó ambos pedidos de Giménez. Sobre el pedido de suspender la denuncia penal, el magistrado explicó en una sentencia firmada a mediados de julio, que "hacer lugar a la pretensión cautelar implicaría una intromisión en la obligación del funcionario del Fisco Nacional de denunciar los delitos".
En cuanto a la otra medida cautelar, el juez explicó que otorgarla "atentaría contra el adecuado y efectivo control de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos obligados y la correlativa integridad de la renta pública" y agrega que "no se evidencia el supuesto menoscabo de la contribuyente".
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