El juez en lo penal económico Alejandro Catania retomará esta semana la agenda de declaraciones testimoniales en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de municiones desde la Argentina a Bolivia en noviembre de 2019, durante los días en los que se concretó el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.
Las declaraciones testimoniales de miembros de distintas áreas de la Gendarmería Nacional serán retomadas el jueves próximo a partir de las 9 y se extenderían, al menos, hasta fin de mes, según surge de la resolución a través de la cual el juez Catania dispuso las convocatorias.
Las citaciones fueron enviadas a personal del Destacamento Móvil 6 y de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir todo el camino que atravesaron las municiones hasta que salieron del país, con el supuesto objetivo de utilizarse para proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador en ese país.
En este expediente se investiga la supuesta desviación en el destino de las balas anti tumulto y de los gases lacrimógenos: habrían ido a parar a manos de las fuerzas represivas bolivianas que por aquellos días, inmediatamente posteriores al golpe de Estado, reprimieron distintas manifestaciones sociales. (...)
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, adónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones. Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente; el entonces embajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio (JxC) Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
