"El sector está al borde del colapso", aseguran desde organizaciones como el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), que buscaron entregarle a Karina Milei un petitorio con propuestas concretas para revertir la situación. No lograron hacerlo, ya que no fueron recibidos por la funcionaria, y el intento de acercamiento derivó en cruces verbales con militantes oficialistas.
"Milei nos mentiste", fue una de las frases que los productores y vecinos del sur de Misiones escribieron en un cartel, que fue acompañada de unos cuantos kilos de hoja verde de yerba mate, que terminó siendo arrojada contra los funcionarios, sus guardias y militantes libertarios.
El INYM, organismo clave para la regulación y el ordenamiento del sector, fue prácticamente desmantelado tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Desde entonces, el instituto quedó sin autoridades designadas y sin poder fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, lo que —según denuncian los productores— abrió la puerta a abusos de parte de la industria, que ahora paga valores por debajo del costo de producción e incluso con plazos que llegan hasta los 120 días.
En el documento que pretendían hacerle llegar a la hermana del Presidente, los productores pidieron puntualmente dos cosas: la restitución de las facultades del INYM conforme a lo establecido por la Ley 25.564, y la designación urgente de una nueva conducción para el organismo, vacante desde hace más de un año.
"El INYM fue una herramienta clave para ordenar la actividad yerbatera durante los últimos 22 años. Nos permitió establecer precios de referencia, mejorar la calidad del producto, incorporar tecnología y expandir mercados. Sin ese marco, se rompe el equilibrio entre pequeños productores, cooperativas e industria", señalan en el texto.
Según datos oficiales, en la cadena yerbatera participan más de 12.000 productores, unos 15.000 tareferos (cosechadores), 49 cooperativas, alrededor de 200 secaderos y más de 100 molinos. La actividad tiene una enorme relevancia social y económica para el noreste argentino, en particular para las economías de Misiones y Corrientes.
"El Gobierno habla de libertad de mercado, pero en este contexto, eso significa que los grandes industriales imponen precios a los más chicos. Y eso está destruyendo el entramado productivo", explicó a este medio Hugo Sand, titular del MAM.
En el caso específico de la yerba mate, el precio oficial de la hoja verde estaba fijado en $370 por kilo hasta finales del año pasado. Hoy, sin regulación ni control de cumplimiento, se están pagando precios de entre $200 y $300, dependiendo de la zona, muy por debajo de los costos estimados de producción, que rondan los $380 por kilo.
A esto se suma la caída del consumo interno, golpeado por la inflación y la recesión, y la desaceleración de las exportaciones, que en 2024 vienen cayendo respecto del año pasado.
Frente a este panorama, los productores yerbateros afirman que la intervención del Estado no es una cuestión ideológica, sino una herramienta necesaria para garantizar reglas de juego claras y la supervivencia de una economía regional emblemática.
