El 2 de febrero es la fecha de largada del debate por la reforma laboral y, en la previa, las negociaciones entre los bloques del Senado incluyeron modificaciones en su composición que pueden alterar la ecuación parlamentaria que está tejiendo el Gobierno para alcanzar la sanción de su proyecto más ambicioso del verano. Uno de estos cambios fue la aparición de Provincias Unidas en la Cámara alta, cuyos armadores trabajan para anunciar su ampliación el próximo mes.
El primer movimiento fue oficializar un cambio de nombre: la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos "Camau" Espínola terminaron el 2025 bajo la denominación Unidad Federal y pasaron a adoptar el nombre de Provincias Unidas. Esa notificación representó el estreno del sello en el Senado, a donde no pudieron ingresar por la vía electoral pese a competir con dirigentes conocidos en sus distritos, como Graciela Ocaña en CABA o Pablo Blanco en Tierra del Fuego.
Con esos dos representantes, el objetivo es ampliarse con un interbloque para ganar influencia en la distribución de comisiones. Un número puesto es la chubutense Edith Terenzi, de raíz radical pero miembro de un unibloque por fuera del de la UCR. Terenzi -que presidió la comisión en donde se dictaminó la reforma a la ley de Glaciares, clave en el período de extraordinarias- ya conformó una breve experiencia con Vigo y Espínola: el bloque "Las Provincias Unidas", una apuesta previa a la de los gobernadores que reunía, además, al salteño Juan Carlos Romero, a la neuquina Lucila Crexell y al entrerriano Edgardo Kueider. Luego de la detención de este último senador en la frontera con Paraguay, el espacio se fragmentó cuando aún no había cumplido tres meses.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público, a raíz de declaraciones realizadas a un medio británico y de expresiones públicas vinculadas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Según el escrito, los hechos se originan a partir de una entrevista publicada el 29 de diciembre de 2025 por el diario británico The Telegraph, en la que Milei afirmó que “el territorio solo debería regresar a la Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.
La denuncia, presentada en los tribunales de Comodoro Py, sostiene que el Presidente “actuó con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias”, vulnerando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes y resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Para el CECIM, presidido por Rodolfo Carrizo, esas expresiones implican “una imagen de desinterés y abdicación de la causa Malvinas” proyectada desde la máxima autoridad del Estado.
“La Constitución exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, pero nunca sus deseos en lo que respecta a la soberanía”, advirtieron los denunciantes, quienes remarcaron que la soberanía sobre Malvinas es “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

El presidente Javier Milei volverá a participar del Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza, en una nueva incursión en uno de los escenarios más influyentes del poder político y económico global.
El encuentro reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales y referentes del sector financiero en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas, reconfiguración del comercio y un orden económico puesto a prueba, entre otros factores, por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
No será la primera vez que el mandatario argentino suba al escenario de Davos. Sus discursos de 2024 y 2025 dejaron una fuerte impronta ideológica y generaron impacto tanto dentro como fuera del país.

Luego de dos años consecutivos registrando la tasa de homicidios dolosos más baja de la serie histórica, el Gobierno revelará los resultados preliminares de asesinatos y robos registrados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Los datos se difundirán en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, este jueves desde las 9.45 horas.
Las estadísticas serán difundidas por la ministra Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien además ocupa el rol de portavoz del Gobierno.
Según el prestigioso estudio Insight Crime, Argentina es el tercer país con menor índice de casos de homicidio en Latinoamérica, con 3,8 cada 100.000 habitantes, detrás de Bolivia (3) y El Salvador (1,9). Los últimos en la lista son Trinidad y Tobago (45,7), Jamaica (40,1) y Ecuador (38,8). Uno de los parámetros para medir la seguridad son los homicidios dolosos, es decir aquellos que fueron intencionales, porque son los eventos delictivos que siempre cuentan con registro.

La seguridad es la segunda prioridad de la agenda libertaria, detrás de las reformas económicas. Esa noción se expresa tanto en el discurso como en los proyectos aprobados en el Congreso, en donde las modificaciones de penas o procesos (ley Antimafias, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, las modificaciones en reiterancia y reincidencia) fueron desplazadas detrás de las discusiones de partidas presupuestarias o la ley Bases. La tendencia se replicará en estas sesiones extraordinarias: la anunciada transformación del Código Penal se desplazará a marzo, con el fin de dedicar la actividad legislativa de febrero a la reforma laboral.
La última mesa política de Casa Rosada terminó de definir la postergación, aunque hace semanas parecía desencadenarse ese destino para la iniciativa penal libertaria. Uno de los motivos es la aceleración de las negociaciones con las provincias para destrabar la reforma laboral: el proyecto original podría tener modificaciones ante la demanda de los aliados y una mayor necesidad de consensos -y para cambiar el Código Penal se requieren múltiples acuerdos bicamerales- podría ampliar las pretensiones de los gobernadores.

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