Noticias Locales

Fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión entre 2016 y 2018 que causaron un perjuicio de más de 180 millones de pesos al fisco. Un cuarto implicado fue condenado previamente. La justicia estableció que captaban a contribuyentes vulnerables y con sus claves fiscales emitían facturas apócrifas que vendían a empresas para evadir el IVA e el impuesto a las ganancias.

La jueza Gabriela Catalano, del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, condenó este martes a Héctor Luis Palopoli, Arnaldo Nelson Roldán y Christián Marcelo Jardín a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de asociación ilícita. Previamente, el 10 de marzo pasado, este mismo tribunal condenó, en un juicio abreviado, a Alfredo Eduardo Camacho, en este caso a 3 años y 6 meses de prisión por la misma calificación penal. Además, se dispuso la inhabilitación absoluta de todos para ejercer cargos públicos por el tiempo de la condena.

El juicio comenzó el 10 de marzo pasado, con audiencias semanales en las que declararon numerosos testigos, entre ellos, peritos, empleados de la ex AFIP y contribuyentes cuyas claves fiscales fueron utilizadas para la emisión de facturas truchas. El 24 de abril pasado en su alegato, la fiscalía, representada por el fiscal federal Carlos Amad y la auxiliar fiscal Soledad Cabezas, ratificó la acusación, destacó el peso de las pruebas y solicitó para los tres una pena de 5 años y 6 meses de prisión.

La investigación se inició en mayo de 2017, a partir de una denuncia realizada por la División Investigación de la Dirección Regional Salta de la ex AFIP, en la que expuso una serie de maniobras de evasión impositiva, de las que se valían varias empresas, tanto de Salta como de otras provincias, como Corrientes, Tucumán y Jujuy.  Con la intervención inicial del fiscal federal Ricardo Toranzos, la investigación penal determinó, entre otros resultados, que entre los periodos 2016 y 2017, nueve contribuyentes emitieron facturas electrónicas por un monto total de $143.701.499 y con un importe de IVA facturado de $24.772.903.

En su alegato la fiscalía dijo que éste es el primer caso en la jurisdicción que se llega a juicio oral por un delito de esta naturaleza tributaria. En ese orden, demarcaron las acciones ilícitas entre enero de 2016 a junio de 2018, cuando en el marco de la investigación se realizaron una serie de allanamientos en la casa de los tres imputados, desbaratándose así esta asociación ilícita.

 Explicaron que estos contadores captaban a contribuyentes vulnerables, empleados con bajo recursos, entre ellos un vendedor ambulante de café. En algunos casos les pagaban una mínima suma de dinero a cambio de generar para usar sus claves fiscales. Así cada contribuyente reclutado se convertía en una “usina”, de la que se valían para generar facturas apócrifas que, en una segunda etapa, vendían a otros usuarios más poderosos económicamente, como empresas, las que usaban estos documentos contables para evadir impuestos, como el IVA y Ganancias.

Para identificar a los imputados, ARCA investigó a los contribuyentes que aparecían con facturas que llamaban la atención por sus montos y porque tampoco coincidían con su registro patrimonial, lo que terminaron de verificar al visitar la casa de cada uno de ellos, comprobando que eran empleados con escasas ganancias. Al declarar en el juicio estos contribuyentes confirmaron que desconocían la emisión de facturas. El vendedor ambulante de café dijo que jamás le vendió caños a una empresa de servicio de Internet y mucho menos, cartelería publicitaria. Los testigos también confirmaron vínculos con los acusados, en especial con Jardín, Camacho y Roldán, a quienes conocieron, ya sea por vía directa, o por conocidos en común, pero con un mismo interés: su clave fiscal.

Palopoli también aportaba usinas al grupo, el que solía reunirse en cafes de la zona centro, donde planificaban las maniobras y acordaban los porcentajes de ganancias, porcentajes que eran requeridos a las firmas que se prestaban a estas operaciones ilegales. Identificadas las facturas, los investigadores dieron con la dirección electrónica de donde se emitían, y advirtieron que Palopoli tuvo un rol clave, dijo la fiscalía, ya que era quien coordinaba la emisión de las facturas.

Entre otros datos destacables, los fiscales revelaron que 134 empresas de valieron de este circuito de evasión creado por los acusados, 86 de esas firmas están inscriptas en la exAFIP, lo que representaba al 47% del volumen facturado. En resumen, afirmaron que el perjuicio al fisco fue por una suma de poco más de 180 millones de pesos. ara la fiscalía, la responsabilidad de los tres acusados, como así también de Camacho, quedó acreditada de manera contundente, por el testimonio de los contribuyentes y de los peritos de ARCA, las intervenciones telefónicas y la documentación contable secuestrada de las casas de cada uno de los acusados.

Entre otros aspectos, detallaron que, en casa de Roldán se encontró un resumen de cuentas todas las facturas vendidas a cada empresa, además del porcentaje que le cobraban a cada una, que iba de un 15 a un 20 %.

Páfina12

El intendente Emiliano Durand promulgó la ordenanza que habilita el uso de aplicaciones como Uber y Didi. El jefe comunal afirmó que la medida busca generar empleo y romper con monopolios del transporte.

En medio de los actos conmemorativos por la fundación de Salta, Durand confirmó ante los medios de comunicación que la ordenanza ya está vigente: “La acabo de firmar esta mañana, porque aunque sea día inhábil municipal, nosotros estamos laburando”, declaró.

Anunció que la reglamentación saldrá en los próximos días y "ya pasa a ser absolutamente legal laburar con aplicaciones en Salta". Señaló que "esto no tiene vuelta atrás" y significa "un paso para adelante". "No es en contra de nadie, pero sí va a terminar con monopolios y con la posibilidad de que muchos salteños que quieren ganarse un mango salgan a trabajar”.

La discusión sobre el uso de aplicaciones de transporte en Salta no es nueva. Desde 2019, cuando comenzaron a operar los primeros servicios a través de plataformas, el conflicto se instaló en la agenda pública. A lo largo de los años hubo choferes detenidos, allanamientos, autos secuestrados, protestas en el centro de la ciudad y duros cruces entre el sector tradicional del transporte impropio (remiseros y taxistas) y los conductores de las aplicaciones.

Con la ordenanza ahora promulgada, el municipio busca dejar atrás la etapa del conflicto. Según se anticipó, la reglamentación incluirá un registro obligatorio de choferes y vehículos, requisitos técnicos mínimos para prestar el servicio, y mecanismos de control para garantizar seguridad y competencia leal. ------ La novedad es que el Concejo Deliberante decidió que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Tránsito municipal y no la Autoridad Metropolitana de Transporte, que durante años cuestionó la legalidad de estas plataformas. Aún así, en el Cuerpo, donde la ordenanza fue aprobada días atrás con mayoría simple, se destacó que la iniciativa también apunta a mejorar la movilidad urbana, ofrecer más opciones a los usuarios y modernizar el sistema de transporte en una ciudad que crece cada año en población y extensión.

 Continúa el rechazo

La promulgación de la ordenanza fue recibida con preocupación por parte de referentes de taxis y remises. Aseguraron que se genera una competencia desleal si no se igualan las condiciones regulatorias, como seguros especiales, habilitaciones y controles técnicos. Incluso un sector de los taxistas se movilizó el lunes y el martes en rechazo a la reciente aprobación. El lunes referentes denunciaron situaciones de hostigamiento por parte de efectivos policiales mientras se organizaban para la protesta, ya que sostuvieron que hubo controles excesivos e intimidación hacia quienes convocaban a la movilización.

Los taxistas insistieron en que no se oponen al avance tecnológico, pero remarcan la necesidad de reglas claras y equitativas para todos los actores del sistema de transporte. Por su lado, desde el municipio afirmaron que el objetivo no es enfrentar sectores, sino, según reiteró Durand: “Queremos que todos tengan la posibilidad de trabajar, pero en condiciones claras y seguras”.  

Página12