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Los acusados utilizaban cartas de porte adulteradas para trasladar miles de toneladas de mercadería hasta Salvador Mazza, donde la cargaban en camiones más chicos con destino al Estado Plurinacional de Bolivia. Así, evadían sumas millonarias en impuestos.
A instancia del responsable de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, Marcos Romero, la titular del Juzgado Federal de Garantías de Orán, Ivanna Hernández, hizo lugar a la imputación presentada contra un hombre y dos mujeres por los delitos de contrabando de granos agravado por el número de intervinientes y el valor elevado de la carga, asociación ilícita y lavado de activos, y dispuso su prisión preventiva.
La decisión se tomó en la audiencia de formalización de la investigación penal del caso, realizada el viernes pasado celebrada, tras la detención de las personas involucradas, ocurrida el martes 13 de diciembre.
Al presentar la acusación, la fiscalía explicó que las personas acusadas conformaban una organización que, desde febrero de 2021, se dedicaba al contrabando de granos. La actividad era dirigida por el hombre quien, a través de una red de choferes de camiones, trasladaba miles de toneladas de granos desde provincias productoras.
A través de un sistema de postas, la mercadería llegaba primero a un depósito en Tucumán, donde los granos eran quebrados y ocultados de acuerdo con lo indicado en cartas de porte adulteradas, las cuales eran tramitadas a nombre de una empresa que desconocía esta modalidad.
Luego, la carga seguía viaje a hasta otros depósitos ubicados en Salvador Mazza, próximos a la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Allí, los granos eran cargados en camiones de menor porte, que trasladaban la mercadería hacia el vecino país, a través de pasos ilegales que funcionaban -en su mayoría- en fincas privadas. De acuerdo con la fiscalía, esta causa es un desprendimiento de otra investigación en la que se detectaron tres camiones con 30 toneladas de granos, en el cruce de las rutas 34 y 81, a la altura del paraje Senda Hachada. En ese procedimiento se secuestraron las cartas de porte, que utilizaba el hombre acusado, y los teléfonos celulares de los choferes, lo que inició una minuciosa investigación que fue supervisada por el auxiliar fiscal Rafael Lamas.
Allanamientos. Así, con el resultado de las tareas de campo e inteligencia ordenadas, a pedido de la fiscalía, el martes pasado se allanaron ocho inmuebles en Salvador Mazza y Tucumán, en los cuales se detuvo a las tres personas acusadas y se secuestraron 1.080 toneladas de granos, entre soja, maíz y trigo.
Seis de los procedimientos tuvieron lugar en Salvador Mazza, cinco de ellos en inmuebles que funcionaban como depósitos, mientras que el restante fue en una finca que se usaba para el paso de los camiones hacia Bolivia. En dicho contexto también se secuestraron cuatro camiones cargados con más de mil toneladas de granos y otros elementos de interés para la investigación. En Tucumán, en tanto, se allanaron dos domicilios, en uno de los cuales se incautó una máquina quebradora de granos.
Además, en los operativos también se incautaron 57 mil dólares, 1.600.000 pesos argentinos y 4.280 bolivianos, teléfonos celulares, máquinas contadoras de billetes, una camioneta y documentación relacionada con las maniobras delictivas.
Envergadura. En vista de la magnitud del caso, y dado el avalúo de la mercadería secuestrada -que se estimó en 83 millones de pesos- la fiscalía puso el acento en la envergadura de la empresa delictiva que las personas acusadas desarrollaban, de la cual no se descarta la participación de otros implicados.
En tal sentido, y a modo ilustrativo, la fiscalía indicó que el monto de la carga impositiva correspondiente a las 1.080 toneladas de granos secuestradas asciende a 18 millones de pesos, lo que evidencia el grave perjuicio causado al Estado Nacional. A su vez, ello es un indicador de que todo el despliegue refleja la comisión de otros delitos imputados, como ser la asociación ilícita y el lavado de activos.
Tras fundar su acusación, en la que destacó la labor de la Gendarmería Nacional, en particular las Unidades de Procedimiento Judicial de Tartagal, Jujuy y Tucumán, los Escuadrones 61, 52 y 53 y la Dirección General de Aduanas (DGA) de Pocitos -que intervinieron en los procedimientos- la fiscalía solicitó la prisión preventiva de las tres personas acusadas, ya que existía riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación penal.
Asimismo, resaltó la gravedad del hecho, en la cual se acentuó el grave daño fiscal, las grandes cantidades de granos contrabandeadas y la logística que los imputados establecieron para evadir el control de las fuerzas de seguridad.
En vista de los hechos y las pruebas presentadas por la fiscalía, la jueza Hernández hizo lugar a las imputaciones requeridas y dictó la prisión preventiva del hombre y las dos mujeres, las cuales fueron rechazadas por sus defensas, sin fundamentación suficiente. Ministerio Público Fiscal
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Con los trabajos en ejecución y otros que se pondrán en marcha, el objetivo es pasar de 2.700 metros cúbicos de agua a 4.500 metros cúbicos de agua para el abastecimiento a poblaciones del departamento San Martín.
Los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho, y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, hicieron un recorrido por el dique Itiyuro y el embalse El Limón para verificar las obras que se ejecutan en el norte y definir otras que se ejecutarán de manera complementaria para independizar los sistemas que abastecen a poblaciones del departamento San Martín y, así, mejorar la provisión. El objetivo es pasar de los 2.700 metros cúbicos de agua que tiene el sistema a unos 4.500 metros cúbicos.
El Gobierno provincial espera superar con esas obras lo relacionado con la fuente (la provisión de agua) en todo el sistema, tanto el Itiyuro como El Aguay. Camacho explicó que el sistema de 60 kilómetros es frágil por su condición alargada y longitudinal, a lo que se suma que el 78% de la provisión proviene de fuentes superficiales y solo el 22% es subterránea.
Los funcionarios, acompañados por el geólogo Carlos Manjarrés, quien participó en el diseño del plan de obras, estuvieron también en Coronel Cornejo donde iniciaron la perforación de un pozo de una batería de tres. A eso se sumarán otros cinco en la zona de Salvador Mazza y un alteo del dique El Limón.
Los pozos van a brindar 800 metros cúbicos más, el alteo de El Limón nos dará una reserva de seis meses de agua pero de nada serviría la reserva si no se hacen modificaciones en la planta para la eliminación de algas”, indicó el titular del Ministerio de Infraestructura. Además hizo mención a obras complementarias que permitirían independizar los sistemas, como la de Yacuy a Villa Güemes (llevará agua de los pozos de la primera localidad directamente a Villa Güemes), al nuevo pozo de Coronel Cornejo que de acuerdo a su rendimiento “dejará de derivar tanta agua de El Aguay a esa localidad y pasarla a General Mosconi”.
Hizo mención a tres pozos que se construirán sobre la ruta nacional 86 y al aporte del acueducto Tartagal – General Mosconi para abastecer más a esa última localidad. Dijo que en el caso de Tartagal se trabajará con zonas independizadas: el centro, la parte alta de Villa Güemes, Villa Saavedra al sur y al este, para optimizar la provisión.
“Este es el modo de independizar los sistemas, de aumentar la fuente. Nos quedará mejorar la capacidad de tratamiento y dar solución, con el recambio de redes, al agua que se pierde en la distribución”, indicó el funcionario. “Estamos acelerando el plan para que durante el próximo estiaje nos encuentre con una mayor capacidad de reserva en El Limón y con la planta en condiciones para el tratamiento de las algas”. En la recorrida los acompañaron el intendente Mario Mimessi, los diputados provinciales Santiago Vargas y Matías Monteagudo, y el jefe de la planta del Itiyuro, Gabriel Cuellar.
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Durante la mañana de hoy el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, estuvo presente en la apretura de sobres para la licitación de dos obras destinadas para el norte provincial. Para Hipólito Yrigoyen, el monto de $495.509.535 será destinado a la construcción de una nueva escuela técnica. La infraestructura escolar se edificará en una sola planta y tendrá un acceso principal, 5 aulas pedagógicas, 5 talleres, sala de maquinarias, 4 laboratorios, bufet, sanitarios para alumnas, alumnos, docentes y personas con discapacidad.
Además tendrá 8 patios internos y externos (algunos cubiertos), S.U.M., comedor y área de gobierno que tendrá 5 oficinas, dirección, vicedirección, salas de profesores y primeros auxilios, recepción, preceptoría y sanitarios.
Por otra parte, para la localidad de Colonia Santa Rosa, el monto de $418.560.000 estará destinado a la construcción de un edificio escolar nuevo para la EET N° 3124 ARA General Belgrano, que tendrá una superficie total aproximadamente de 3000 metros cuadrados.
El edificio tendrá 8 aulas, 2 núcleos sanitarios para alumnos, 2 baños para discapacitados, laboratorio de fisicoquímica, sala de dibujo, taller de cocina, sala de informática, taller de electrónica y laboratorios de electrónica y ensayos electrónicos. También contará con una biblioteca, administración con archivo, dirección, vicedirección, sala de profesores con office, preceptoría en planta baja y alta con sus correspondientes baños. Además 4 baños para profesores, alumnos, alumnas y personas con discapacidad, S.U.M., cocina con despensa, baño de personal, kiosco, ascensor, escalera, rack, depósito, recinto técnico, patios de formación, recreación y lectura.
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El Hospital Público Materno Infantil celebró sus 22 años al servicio de la comunidad, con un perfil destinado a la atención integral de mujeres, embarazadas, puérperas, bebés, niños y niñas. El nosocomio es cabecera del Área Operativa Norte de la Capital y tiene a su cargo 31 centros de salud. Además, funciona como hospital escuela, donde más de setenta residentes se forman en diversas especialidades. En lo que va de 2022, se realizaron alrededor de 200 mil consultas médicas y no médicas; se asistieron 165 mil emergencias; 6150 partos y se realizaron 10.903 intervenciones quirúrgicas.
El hospital tiene 52 consultorios externos, de ellos 32 en el área pediátrica y 22 en perinatología. También, cuenta con 11 quirófanos, cinco ubicados en el sector central, dos en obstetricia y 4 en pediatría. Tiene nueve unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR), que están equipadas con camilla, incubadora, servocuna, oxígeno, baño y ducha, calefacción y pelota esferodinámica. El parque automotor del nosocomio está conformado por una ambulancia de baja complejidad y por tres de alta complejidad. Una de éstas, es el móvil pediátrico neonatal más equipado del país, con una inversión del Gobierno provincial de $53 millones de pesos.
Actualmente dispone de 550 camas para internación divididas en los sectores de pediatría y perinatología. El hospital Materno Infantil cuenta de 33 servicios asistenciales, discriminados en los siguientes sectores:
· Perinatología: Cirugía general; ginecología; medicina interna (gineco-obstétrica); neonatología; transporte neonatal; Unidad de Terapia Intensiva (gineco-obstétrica); obstetricia; urología y urgencia de adultos.
· Pediatría: Clínica pediátrica; clínica y soporte nutricional; cirugía pediátrica; cardiología y hemodinamia; traumatología infantil; hospitalización abreviada; urgencia pediátrica; Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y la especialidad de clínica pediátrica.
· Generales: Anestesia; epidemiología e infectología; oftalmología y odontología.
· Servicios complementarios: Fonoaudiología; kinesiología y fisioterapia; nutrición; salud mental; farmacia; laboratorio, Diagnóstico por imágenes, Anatomía Patológica, Servicios Transfusionales, Residencia Para Madres y Centro de Mediación.
El edificio -ubicado en Avenida Sarmiento 1301- fue inaugurado el 15 de diciembre de 2000. Actualmente, cuenta con una planta de más de 1800 empleados de diferentes agrupamientos, entre los que se encuentran profesionales, residentes, administrativos, servicios generales y técnicos.
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Sofía Cornejo Solá asumió en el cargo, convirtiéndose así en la primera de la provincia y la cuarta en el país. La Fiscalía fue creada por ley provincial N° 8175/19, sumándose a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos de CABA y la Oficina Especializada en Ciberdelitos de Córdoba.
“Hoy, la Justicia salteña está dando un salto de calidad al ser la cuarta provincia del país en contar con un área específica en funcionamiento sobre el tema, junto a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Oficina Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba”, señaló el mandatario.
El juramento de rigor fue tomado por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, quien agradeció al Gobernador y felicitó a Cornejo Solá “no sólo por haber sido designada y asumir sus funciones como fiscal de Ciberdelincuencia, sino también por el compromiso que implica el poner en marcha, desde su nacimiento, una fiscalía especializada con tantas particularidades y peculiaridades”.
Añadió : “Será transversal a otros delitos, como violencia de género, abuso sexual, abuso de menores, estafas, delitos contra la propiedad y narcotráfico, entre otros” Sofía Cornejo Solá recibió el acuerdo del Senado Provincial en la sesión del 17 de noviembre de 2022 y fue designada mediante el decreto 997/22 del Poder Ejecutivo Provincial.
La Fiscalía en Salta fue creada por ley provincial N° 8175/19, tendrá asiento en el distrito judicial del Centro, con competencia en todo el territorio salteño. Intervendrá en toda conducta delictiva que tenga por objeto sistemas o programas informáticos y/o que sea perpetrada a través de sistemas o programas informáticos acorde a lo establecido en la Resolución 1396 de la Procuración General de la Provincia.
Algunos de los delitos informáticos son: Pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos; Violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica; Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones; Acceso a un sistema o dato informático; Publicación de una comunicación electrónica; Acceso a un banco de datos personales; Revelación de información registrada en un banco de datos personales; Inserción de datos falsos en un archivo de datos personales; Fraude informático; Daño o sabotaje informático y Ciberacoso a un menor y/o Grooming.
Acompañaron durante el acto de asunción, la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los jueces de Corte María Alejandra Gauffín y Guillermo Catalano; el director de la carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Marcos Gabriel Salt; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación, Horacio Juan Azzolín; el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo José Villalba; el presidente de la asociación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, autoridades de Colegios y Asociaciones provinciales, legisladores provinciales, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios del Ministerio Público y Poder Judicial y familiares.
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