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Tras un encuentro fuera de agenda en el Palacio de la Moncloa, con el excandidato presidencial venezolano opositor, Edmundo Gómez Urrutia, el presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que su país trabaja «en favor de la democracia y el diálogo en Venezuela«, pero no reconoció oficialmente su triunfo en las elecciones, como pide la oposición en España a través de una resolución votada en el Congreso. Sánchez tampoco respondió a los pedidos de ruptura de relaciones que llegaron desde Caracas, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitó a la Comisión de Política Exterior que elabore una resolución para instar al Ejecutivo a cortar todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España.
"Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos”, afirmó Sánchez en sus redes junto con imágenes que lo muestran paseando junto a González.
El miércoles, con mayoría de derecha, el Congreso de los Diputados aprobó con los votos del Partido Popular, Vox, UPN, CC y PNV una proposición de los ‘populares’ no vinculante, que se insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González, refugiado desde el domingo en España, como presidente electo tras las presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. El PSOE, al igual que Sumar y sus otros socios parlamentarios votaron en contra.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación reiteran que el objetivo del Gobierno es trabajar para que se mantenga la «posición común como hasta ahora en la UE» para facilitar que pueda haber una «solución política negociada» en Venezuela y que «incluya analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello». El Parlamento Europeo trataría el caso el martes próximo.
Los Veintisiete miembros de la UE se negaron a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en los comicios, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y han exigido la publicación de todas las actas electorales para que se pueda verificar dicho resultado.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostuvo durante la última reunión con sus homólogos de la UE que debían rendirse a la evidencia de que Maduro no iba a presentar esas actas y que por tanto los Veintisiete debían analizar todas las herramientas en su mano para propiciar una salida pacífica a la crisis, sin mencionar expresamente las sanciones.
Albares afirmó esta semana que dado que la toma de posesión del presidente venezolano no está prevista hasta el 10 de enero hay un «tiempo razonable» para intentar facilitar que se produzca un diálogo entre Gobierno y oposición que permita una salida negociada. Los Veintisiete tienen presente el precedente de Juan Guaidó, a quien reconocieron como presidente encargado en 2019. Este paso generó «ilusión» pero al final «quedó en no gran cosa», recordó Albares.
También hizo hincapié en esta cuestión Cristina Narbona, quien fue la encargada de defender las tesis del PSOE en el debate de este martes en el Congreso. La portavoz socialista reprochó al PP que con su propuesta está generando «expectativas falsas» a los venezolanos puesto que el reconocimiento de González no es «una varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro».
"Ojalá fuera así, pero sabemos que las cosas no funcionan de esta manera», incidió, remitiéndose al caso de Juan Guaidó, al que España y otros países reconocieron en su momento. "No tuvo ninguna utilidad", remarcó.
Tiempo Argentino / bb con NA y Europa Press
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La marcha anual en recuerdo de las miles de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile concluyó este domingo con 23 detenidos tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Lo informaron autoridades. La manifestación reunió a unas 3500 personas en recuerdo de los 3200 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura. Se lleva a cabo cada año el domingo previo al 11 de septiembre, el día del golpe de Estado que encabezó Pinochet en 1973 contra el gobierno del socialista Salvador Allende.
Manifestantes vestidos de negro y encapuchados se enfrentaron con agentes de las fuerzas especiales de la policía en cercanías y en el interior del Cementerio General de Santiago, donde se emplaza el memorial de las víctimas de la dictadura y donde finalizaba la manifestación. La policía repelió con camiones hidrantes y bombas lacrimógenas los ataques con piedras, bombas incendiarias y bengalas lanzadas por manifestantes, que levantaron barricadas incendiarias dentro del cementerio.
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La activista estadounidense Aysenur Egzi Eygi, de 26 años, fue asesinada por un impacto de bala en la cabeza cuando participaba en una marcha semanal pacífica contra los asentamientos colonos israelíes en Cisjordania.
Las fuerzas israelíes reprimieron esta protesta con munición real, granadas y gases lacrimógenos. Una de las balas hirió mortalmente a la joven. Egzi Eygi fue trasladada de urgencia al hospital Rafidia de Nablus donde la ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Los esfuerzos médicos no lograron salvarla a causa de las graves heridas que padecía en la cabeza, según informaron fuentes médicas.
La joven trabajaba como voluntaria en el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM) en una campaña destinada a proteger a los agricultores palestinos de los colonos israelíes. En una breve declaración escrita de su portavoz, el Departamento de Estado dice que se trata de “una muerte trágica” sobre la que “está recopilando información de forma urgente sobre sus circunstancias” y que esperará a recogerla para pronunciarse con más detalle.
Señala que para el Gobierno de Estados Unidos “no hay mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”, y presenta sus condolencias a la familia de Egzi. Mientras tanto, otras organizaciones humanitarias se han pronunciado sobre los peligros a los que se enfrentan los activistas en las zonas ocupadas por Israel. “Esta marcha semanal siempre se enfrenta al fuego real porque no hay manera legal para que los palestinos se manifiesten bajo régimen militar israelí en Cisjordania”, escribió en su cuenta de X Alon Lee Green, activista israelí y codirector del movimiento pacífico Standing Together.
Jefe de Telegram arremete contra la justicia francesa y advierte que su empresa podría dejar el país
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Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, cuestionó a la justicia francesa por arrestarlo e imputarlo el mes pasado por la publicación de contenido extremista e ilegal en la popular aplicación de mensajería. Sostiene además que si Telegram no está de acuerdo "en el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad" con los reguladores locales, entonces "están dispuestos a dejar el país".
En un largo mensaje en esta plataforma, el primero desde su detención, Durov afirma que es "sorprendente" que lo responsabilicen del contenido publicado por otra gente. "Utilizar leyes de la época anterior a los teléfonos inteligentes para imputar a ejecutivos con crímenes cometidos por terceras partes en la plataforma que maneja es un planteamiento erróneo", escribió. También rebatió las acusaciones de que "Telegram es una especie de paraíso anárquico" como "absolutamente falsas". "Retiramos millones de publicaciones y canales dañinos a diario", expuso.
Durov también admitió que el creciente número de usuarios de Telegram (que él cifra en 950 millones en el mundo) "ha causado problemas de crecimiento que hacen más fácil a los criminales abusar de la plataforma". "Por eso he hecho mi objetivo personal asegurar que las cosas mejoren significativamente en este sentido", agregó el empresario, quien afirmó que la cuestión se está trabajando "internamente" y que desvelará más detalles en el futuro.
"Espero que los acontecimientos de agosto terminen haciendo Telegram (y la industria de las redes sociales en su conjunto) más seguras y fuertes", escribió. Pero también advirtió que si Telegram no está de acuerdo "en el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad" con los reguladores locales, entonces "están dispuestos a dejar el país". Durov, de 39 años, fue imputado después de cuatro días de detención en Francia por varios cargos vinculados a no luchar contra el contenido extremista e ilegal publicado en su aplicación. Su arresto despertó la solidaridad de otro magnate de la tecnología y jefe de la red social X, Elon Musk, quien publicó comentarios con la etiqueta #FreePavel. Durov fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget en las afueras de París tras llegar con su avión privado y fue interrogado en los días siguientes por los investigadores.
Se le concedió libertad condicional tras pagar una fianza de 5 millones de euros (5,5 millones de dólares) y con la condición de no abandonar Francia y presentarse ante una comisaría dos veces por semana. Durov es una enigmática figura que pocas veces se expresa en público. De origen ruso, tiene esa nacionalidad pero también obtuvo el pasaporte francés y el de Emiratos Árabes Unidos, donde Telegram tiene su sede. La revista Forbes estima su actual fortuna en unos 15.500 millones de dólares, aunque él promueve los valores de una vida ascética, con baños de hielo y evitando el alcohol o el café.
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Cientos de miles de manifestantes salieron este domingo a las calles de la ciudad de Tel Aviv para reclamar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de unos cien rehenes, en manos de la organización palestina Hamás.
Varios llevaban banderas israelíes y se colocaron seis ataúdes en un escenario para conmemorar a los rehenes muertos. Los manifestantes también bloquearon una autopista central en Tel Aviv, mientras que la gente también salió a la calle en otras ciudades israelíes, indicó el sitio Actualidad DW.
El reclamo al gobierno es que acepte rápidamente un acuerdo de alto el fuego que garantice la liberación del alrededor de un centenar de rehenes que quedan retenidos en Gaza por Hamás, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Alemania o Estados Unidos. Las negociaciones indirectas sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mediadas por Egipto, Estados Unidos y Qatar, permanecían estancadas desde hace más un mes.
La central sindical israelí Histadrut convocó a una huelga general el lunes para aumentar la presión sobre el gobierno de Netanyahu para que consiga un acuerdo sobre los rehenes. "Si mi Gobierno no hace todo lo que esté en su mano para traer a los rehenes de vuelta, aunque eso signifique pagar un precio muy elevado, no creo que este país pueda seguir existiendo", expresó una manifestante llamada Tal Horowitz, de 45 años.
NA
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