El titular de la DGI, Andrés Vázquez, habría comprado a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Miami por más de u$s2 millones que no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), según una denuncia de La Nación. Y los contadores y abogados tributarios piden que Vázquez tome licencia mientras haya sospechas sobre su integridad.
Quienes más conocen a Vázquez entre los tributaristas no quieren dar su nombre, y comentan que es a la DGI lo que fue Antonio "Jaime" Stiuso a la SIDE: el hombre fuerte de los servicios de inteligencia hasta que la muerte del fiscal Alberto Nisman terminó con su carrera. "Ni el ex jefe de la AFIP Mariano Echegaray se podía meter con él", aseguran.
Lo que parece increíble es que el presidente Javier Milei haya nombrado a un personaje tan oscuro al frente del organismo que controla la recaudación de los recursos tributarios y de la seguridad social. Las sociedades off shore y los departamentos en Miami surgen de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
Por qué piden la renuncia de Vázquez
"Si se verifica la denuncia, se pone en evidencia una contradicción flagrante con los objetivos de ARCA, que justificaba su creación en una administración de recaudación moderna, dinámica y transparente", precisa Mariano Echegaray, del estudio Echegaray Ferrer & Asoc. "La posible omisión maliciosa de bienes por parte del funcionario arrastra los vicios de gestiones lamentables y envía un mensaje incoherente hacia el contribuyente", asegura. "La falta de transparencia y el deterioro moral que representa esta situación no solo recae sobre el funcionario, sino también sobre la institución, erosionando la confianza y la credibilidad en la nueva gestión", remarca.
"La celeridad y las decisiones sobre el caso será un mensaje claro hacia qué tipo de organismo quiere el Gobierno", agrega. "Si bien es cierto que todo ciudadano debe tener las garantías del debido proceso, un estado de sospecha para quien tiene a su cargo la responsabilidad de conducir el organismo de recaudación, es un problema", afirma Néstor de Lisio, de RSM Argentina. Ante las denuncias contra Vázquez, los contadores y abogados tributarios piden que el funcionario pida licencia hasta que se aclare la situación. "Es muy difícil hablar de autoridad moral, porque en tal caso ello es una calificación muy personal. Pero cuando digo estado de sospecha, me refiero a sospecha de corrupción, que, de momento, es sospecha", advierte. Para Félix Rolando, de Andersen Argentina, si se confirman las sospechas, Vázquez "no tiene autoridad para decidir lo que es el crédito público, porque ARCA sale a cobrar lo que los ciudadanos le deben al Estado".
"Con qué antecedentes, sale a cobrar impuestos. No puedo salir a representar a ARCA si no tengo ética, no solo por ser evasor, sino tampoco como funcionario, porque ese dinero se supone que es fruto del cobro de coimas", considera. "Éticamente, Vázquez debería pedir licencia hasta que se aclare la situación, no solo para él, sino para todos los funcionarios públicos en estas circunstancias, y si la denuncia es falsa, tomar las medidas que correspondan. Es parte de la revolución cultural", sostiene Raúl Sanguinetti, de Baker Tilly. Para Francisco Blanco, de FABTAX, "quizás debería reverse su cargo. Técnicamente, las potestades del artículo 35 de la Ley 11683 (perseguir el cobro de impuestos) las tiene, pero es todo muy raro".
Si se confirman las denuncias, "evidentemente no puede desempeñar ningún cargo público", subraya Hernán D’Agostino. Según el periodista Hugo Alconada Mon, el director de la DGI administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió–, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami. Si se hubiera desprendido de esos activos, no está consignado en ninguno de los registros oficiales donde debería figurar.
Vázquez tuvo causas por sociedades off shore en 2011, que fueron cerradas por el juez Ariel Lijo. Los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de "omisión maliciosa", establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, e incluso disparar una investigación por lavado de dinero.
iP