El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva de cinco imputados. Los embargos oscilan entre los 100 millones y los 10 mil millones de pesos. Dispuso también el decomiso anticipado de los fondos de una cuenta exchange -de una plataforma de criptomonedas- perteneciente a uno de los dos imputados que se encuentran prófugos. En el caso se aplicó la reciente reforma al tipo penal de lavado, que incorporó los “activos virtuales”.
En el marco de una resolución en la que dispuso embargos de entre 100 millones y 10 mil millones de pesos, el juez a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, ordenó el procesamiento de nueve personas -una es funcionario de la Aduana-, cinco de ellas con prisión preventiva, como miembros u organizadoras de una asociación ilícita que tenía como objeto, entre otros, la comercialización de elementos electrónicos y teléfonos de alta gama ingresados de contrabando, la administración, operación y captación de juegos de azar en línea sin la debida autorización, y la puesta en circulación del dinero proveniente de las actividades ilícitas.
El juez dispuso además la prohibición de salida del país de tres personas y citó a prestar declaración indagatoria a otro imputado, mientras que otras dos personas permanecen prófugas. En la causa interviene la Fiscalía Federal N°1 de esa ciudad, a cargo de Laura Mazzaferri, quien en la investigación cuenta con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cago del fiscal general Horacio Azzolin. Entre otros aportes, esta oficina especializada contribuyó a brindar las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange -es decir, de una cuenta en una plataforma de intercambio- de uno de los prófugos, cuyo decomiso anticipado fue dispuesto por el juez. En tanto, la Aduana se presentó como querellante.
La pesquisa se inició en septiembre del año pasado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos, con posible vinculación de funcionarios de la Aduana. En el devenir de la investigación, las tareas de inteligencia criminal realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las intervenciones telefónicas y las medidas de carácter patrimonial permitieron a la fiscalía solicitar la ampliación del objeto procesal por la posible comisión de otros delitos, tales como el lavado de activos y la promoción de casinos clandestinos en línea.
En efecto, dos de los imputados fueron procesados por el delito de lavado de activos, conforme la aplicación de la reforma del tipo penal, introducida por la ley 27.739 -publicada en el Boletín Oficial el 15 de marzo de este año, que incorpora el concepto de “activos virtuales”-, pues siguieron ejecutando las maniobras tras su entrada en vigencia, incluso luego de que fueran convocados a prestar declaración indagatoria.
Otros dos imputados están acusados del delito de administración y explotación de juegos de azar, sin la debida autorización que debe brindar el órgano regulador, en este caso, Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la resolución judicial, los acusados habían dispuesto una distribución de roles y llevaban adelante diversas conductas en forma conjunta y/o alternada, para lo cual también se habrían valido de la creación de al menos diez sociedades, algunas de ellas aparentemente sin actividad real, o bien con una actividad distinta -total o parcialmente- a la declarada con el objeto de facilitar las conductas delictivas de la organización. ------ “La asociación aquí conformada, desde tiempo incierto, pero al menos desde el transcurso del año 2020, ha conformado esta empresa criminal tendiente a desarrollar múltiples maniobras ilícitas que también son objeto de la presente investigación, siendo importante destacar que esta sociedad tuvo una continuidad ininterrumpida a lo largo del tiempo, tal como surge de los elementos hasta ahora recabados”, indicó el juez.
Juegos clandestinos en línea
Además de la importación, ofrecimiento y venta al público de aparatos de tecnología y teléfonos celulares de alta gama, en infracción al Código Aduanero, los activos ilícitos provendrían también del juego clandestino en línea, se indicó en la resolución judicial. El principal acusado de la organización -que permanece prófugo- junto a dos hijos -uno de ellos también en rebeldía-, y una persona más están imputados por haber administrado y/o gestionado una página web de juegos de azar sin autorización para ello, mediante la utilización fraudulenta de la marca de una casa de apuestas reconocida públicamente, que incluye apuestas deportivas. De acuerdo con los elementos relevados en la investigación, al menos desde el 1° de octubre pasado gestionaban perfiles de Facebook e Instagram, donde se promocionaba el emprendimiento ilegal para captar apostadores.
El juez Inchausti destacó en la resolución la creciente preocupación social frente a la proliferación del juego ilegal en línea, principalmente entre las personas menores de edad, lo que ha llevado a distintos actores sociales a adoptar medidas sobre este fenómeno, entre ellas -citó-, la ordenanza municipal 26.211, de implementación de una campaña preventiva dirigida a las y los adolescentes. El magistrado tuvo en cuenta las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su organismo regional relacionado para Latinoamérica (GAFILAT), y destacó la estrecha relación entre este tipo de actividades con la criminalidad financiera. (....)
MPF