La organización Amnistía Internacional lanzó a nivel global una “acción urgente” para que las autoridades de Jujuy retiren las acusaciones que pesan sobre tres ciudadanos de esa provincia imputados por el delito de supresión de identidad de menores y lesiones psicológicas, y reiteró su alarma por las prácticas represivas que se implementan en ese distrito. La acción urgente es una campaña internacional con la cual Amnistía pretende movilizar a que miles de personas exijan el respeto de los derechos humanos en un determinado lugar mediante el envío de cartas a un determinado funcionario, gobierno o administración.
En esta oportunidad, el destinatario de las misivas de esta iniciativa será el fiscal Diego Funes, quien realizó una imputación contra Nahuel Morandini, Roque Villegas y Lucía Gonzáles, bajo el cargo de ocasionar un daño psicológico y emocional a Tulia Snopek y a su hija de dos años, por mensajes que publicaron en redes sociales y servicios de mensajería online.
Tulia Snopek es la esposa del exgobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, y los tres ciudadanos enfrentan la posibilidad de ser encarcelados un máximo de seis años de prisión, en el contexto de un proceso judicial que se encuentra en curso.
La causa judicial que instruye Funes se inició tras publicaciones en las redes Facebook y X (antes conocida como Twitter), que en principio realizó Morandini, profesor universitario, y que luego replicó Villegas.
“Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”, posteó Morandini el pasado 26 de diciembre en su cuenta de Twitter.
Morandini y Villegas fueron detenidos el pasado 4 de enero y el 26 de ese mismo mes, se ordenó la aprehensión de González, quien comentó en un grupo de whatsapp una supuesta infidelidad de Snopek para con Morales.
Arquitecta de profesión, González quedó notificada de los cargos en su contra cuando se encontraba de vacaciones en Uruguay, y volvió a la provincia a fines de febrero, cuando el fiscal suspendió la orden de detención en su contra.
En un comunicado, Amnistía recordó que los representantes legales de los abogados indicaron que “las únicas pruebas aportadas a la investigación son estas publicaciones que no han tenido el efecto ni la intención de alterar la identidad a ninguna persona”.
“Para procesar un delito como el que se les imputa a estas tres personas debe existir alguna materialidad como alteración de un documento público. Acá tenemos nada más que mensajes y por eso creemos que existe una cuestión de amedrentamiento que afecta la libertad de expresión. Quieren dejar una advertencia para otros ciudadanos”, señaló en declaraciones a Somos Télam Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional.
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