Bajo el eufemismo de "gastos no especificados", esos fondos crecieron exponencialmente y no es posible saber para qué se utilizan. El Ministerio que conduce Bullrich evitó responder el motivo.
Ciberpatrullaje y detenciones por 10 horas, ambas sin autorización judicial, son dos de las facultades incluidas en un decreto que eludió la discusión legislativa. Un departamento de inteligencia policial sobre el que nadie quiere rendir cuentas. Tal vez, el lema que se ajusta al trasfondo de los cambios sobre la Policía Federal que impuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, es “sin control”.
La propia funcionaria a cargo de Seguridad, en enero de 2024, durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, había asegurado que cualquier proyecto de reforma pasaría por el Poder Legislativo. No cumplió. Ahora, el argumento es la archiconocida emergencia, que en su etapa al frente de la misma cartera la llevó a realizar compras onerosas para el erario del Estado, la cuales actualmente se encuentran cuestionadas a causa de múltiples irregularidades por la Auditoría General de la Nación, como reveló Ámbito.
Es por eso que, rápidamente, al leer el Decreto Nº383, por medio del cual se busca que la Policía Federal Argentina se convierta en una especie de FBI criollo, las alertas se encendieron cada vez que, por caso, la letra del texto da lugar a la criminalización de acciones que no son delitos y, en simultáneo, se amplían las facultades de la fuerza para actuar sin la venia y observancia de un juez, tal y como adelantó Ámbito cuando solo se trataba de un borrador que circulaba y alarmaba a las fuerzas federales de seguridad. Sin embargo, en esa línea, aparece un elemento escasamente observado y del que no se habla: el crecimiento exponencial de determinadas categorías en el presupuesto de Seguridad y áreas concomitantes.
Se trata de entradas cuyo gasto no se encuentra especificado en “Datos Abiertos”, que se encuentra disponible online. No es solo un crecimiento notable en la comparación anual, siempre dificultosa en un país inflacionario, sino dentro del propio año en curso. No obstante, si la mirada se desliza desde el área de Seguridad a la de Inteligencia, un elemento llamativo asoma y caracteriza el enfoque del Gobierno sobre la administración del Estado: apenas superada la mitad del año, Nación utilizó más del 90% de los gastos reservados para este tipos de trabajo que lleva adelante la ex SIDE. O sea, recursos cuyo destino la ciudadanía no conocerá su objeto.
En un país en el que el espionaje fue durante décadas más un instrumento de extorsión que de alerta ante peligros exógenos, es algo sobre lo cual es indispensable hacer foco. ¿Qué es tan importante como para que eso suceda y, a la vez, deba estar al margen del contralor legislativo? Asimismo, si se lleva adelante una comparación interanual, el área de Inteligencia pasó de representar el 0,14% del Presupuesto en 2021 al 0,24% en 2025 sin mayores explicaciones. Ahora bien, su aumento se dio justo en el sentido contrario a los ítems de “Vivienda y Urbanismo”, que se retrajo de 3% a 0,07%, y “Agua Potable y Alcantarillado”, que redujo su importancia en el presupuesto de 2,01% a 0,58%. En cambio, Seguridad Interior pasó de 1,76% a 2,43%. Cuestión de prioridades. (...)
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