Esta “pre-emergencia” declarada oficialmente se da en el marco de temperaturas más bajas a lo previsto para esta época del año, una planificación de suministro que resultó deficiente y el ahorro tanto en importaciones como en obras que buscó el Gobierno para sostener el superávit fiscal.
Un ejemplo claro es la demora en la puesta en marcha “plena” del Gasoducto Néstor Kirchner, que actualmente funciona a la mitad de su capacidad por los problemas de importaciones que se registraban con el Gobierno anterior y el freno de la actual gestión a las partidas destinadas a la obra pública.
Esta situación abre un interrogante sobre si la Argentina tendrá en invierno el abastecimiento suficiente para su demanda energética. Por caso, el proyecto de reversión del Gasoducto Norte para revertir el flujo gasífero que viene desde Bolivia para llevar el fluido de Vaca Muerta a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, no será finalizado en su totalidad para el comienzo del período invernal, tal como estaba previsto en 2023.
Eso implica la necesidad de importar gas para que el norte del país no sufra faltantes, ya que Bolivia, por contrato, podría cortar los envíos a partir de julio ante el declino que sufre el país vecino en su producción. En el Gobierno apuntan a que el principal problema actual en el suministro de gas natural del país es que el sistema de transporte se encuentra ante una gran desinversión producto de años de congelamientos tarifarios. Es por eso, afirman, que los ductos no soportan el gas que necesita la demanda.
